La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sabadell solicita la dimisión del Presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana

icasbdAnte el hecho confirmado de que la Mutualidad de la Abogacía ha perdido 54 millones de euros en acciones como consecuencia de la absorción del Banco Popular por parte del Banco Santander por el precio simbólico de un euro, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) acordó por unanimidad en sesión celebrada ayer, solicitar formalmente el cese o la dimisión de los responsables de dicha pérdida, tanto técnicos como directivos, con el Presidente de la entidad mutual Enrique Sanz Fernández-Lomana al frente.
 
La Junta del ICASBD considera que todos los clientes, inversores y accionistas del Banco Popular, disponían o podían disponer de información suficiente que hiciera prever un más que posible desenlace negativo que afectara a sus depósitos e inversiones en esta entidad financiera. Dicha información motivó que muchos de esos clientes procuraran poner a buen recaudo sus fondos antes de la citada venta, cosa que no han sabido hacer los responsables de la Mutualidad de la Abogacía.
 
Es más, la información relativa a la pérdida de esos fondos se mantuvo oculta a los socios protectores y a los mutualistas hasta la Asamblea General del pasado 17 de junio, evitando así que pudieran posicionarse o exigir responsabilidades en sede de la misma.
 
A la vista de estos hechos, la Junta del ICASBD considera que la decisión de mantener la cartera de 54 millones de euros a lo largo de todo el tiempo que ha durado la crisis del Banco Popular era una decisión que, cuando menos, se antoja imprudente y arriesgada. Resulta evidente, pues, que ha sobrado negligencia o faltado la diligencia debida en la gestión de esta inversión y, en consecuencia, los responsables de dicha gestión, con el Presidente al frente, deben ser cesados o dimitir.
 
La Junta del ICASBD ha adoptado este acuerdo de forma unánime en su condición de socio protector de la Mutualidad y en defensa de los intereses de los centenares de abogados de la corporación que tienen la condición de mutualistas.
 
El ICASBD no va a contribuir a crear falsos alarmismos, ni a poner en duda la rentabilidad y solvencia de la Mutualidad. Pero una pérdida de 54 millones de euros de fondos aportados por los mutualistas no puede ni debe minimizarse ni esconderse tras otros resultados, porcentajes o ratios de solvencia, sin que la reacción de la Mutualidad pueda limitarse a anunciar que se estudia ejercitar acciones contra terceros para intentar recuperar parte del dinero perdido, ya que se trata de un hecho de extrema gravedad.
 
LA JUNTA DE GOBIERNO

 

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