ICASBD recibe el apoyo de organismos para forzar la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados

El pasado 28 de julio se publicó en el BOE la Orden JUS/790/2018, de 26 de julio, modificativa de la Orden JUS/1277/2018, y en la que se indicaba que los nuevos Juzgados de Primera Instancia 9 y 10 de Sabadell, la creación de los cuales fue aprobada hace más de un año, NO ENTRARÁN en funcionamiento -tal como estaba previsto- el 31 de diciembre de 2018, y se aplazaba sine die la puesta en marcha de estos órganos.

Desde el Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) se manifestó de inmediato el malestar y la absoluta disconformidad con el anunciado retraso en la implantación de los dos nuevos juzgados. Ante estas quejas, la respuesta del Departamento de Justicia sólo indicaba que se intentarían poner en marcha en 2019, añadiendo que dos juzgados de otras demarcaciones, que no tenían fecha de puesta en funcionamiento, pasarían por delante y entrarían en funcionamiento en breve, dejando a Sabadell como la gran damnificada.  

La gravedad de la situación y las consecuencias catastróficas para la ciudadanía que se pueden derivar de este aplazamiento motivó que el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hiciera un requerimiento al Departamento de Justicia, quién respondió en el mismo sentido que al ICASBD, es decir, que otros dos juzgados se instaurarían antes que los de Sabadell, los cuales se intentaría que entraran en funcionamiento en 2019.

En contactos posteriores desde Justicia tan sólo se ha indicado que se trata de un tema presupuestario, por el local, las obras y el mobiliario. Se da la circunstancia que ya se había indicado que había un preacuerdo para alquilar una planta en el edificio judicial de Sabadell, y que habría que incluir en los presupuestos del próximo año. Una explicación difícil de comprender, cuando se aprobaron los nuevos juzgados en octubre de 2017, y por otro lado, cuando sí que ha habido presupuesto para la puesta en marcha de otros juzgados programados en la misma fecha. Sólo Sabadell ha quedado descolgado.

Sabadell sufre desde hace tiempo una situación de carencia de impulso y retrasos del todo injustificados en la tramitación de muchos procedimientos, que afecta de manera generalizada a los juzgados de primera instancia (civil), impidiendo la resolución ágil, entre otras, de temas empresariales relacionados con la morosidad, los alquileres, las compraventas, etc. Esta problemática, no obstante, resulta especialmente grave en el caso del Juzgado núm. 8 (Familia), con un perjuicio evidente tanto de la tarea de los profesionales cómo, sobre todo, del derecho de defensa e intereses de los ciudadanos que acuden para ejercer su derecho en la tutela judicial efectiva, que ven como, por ejemplo, se tarda hasta 6 meses para que su demanda sea admitida a trámite, algo intolerable en un ámbito especialmente sensible como este. Además, la saturación actual provoca que materias que tendría que llevar el Juzgado de Familia, como por ejemplo las incapacitaciones, las estén tramitando otros juzgados civiles, ya de por si totalmente saturados, con una carga añadida de trabajo que desemboca también en retrasos injustificables en la tramitación de los asuntos.

Así pues, Sabadell se encuentra en una situación que hay que considerar de auténtica emergencia, y esto contrasta con la pasividad del Departamento de Justicia, que únicamente pide paciencia. En este sentido, una entrevista urgente con la consejera de Justicia para tratar el tema, solicitada a primeros de septiembre, no ha sido fijada hasta el 29 de noviembre, un hecho más que denota que no se es consciente de la grave situación.

Ante estos hechos, el CASBD denuncia públicamente la grave situación de los Juzgados de Sabadell y pide la implicación de los responsables para la urgente puesta en funcionamiento de los dos nuevos juzgados aprobados desde hace más de un año, una petición a la cual, además del CGPJ, ya se han adherido otros organismos y entidades, como por ejemplo diferentes ayuntamientos de la demarcación.