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Comunicado en relación a la habilitación de plazos y actuaciones procesales durante el mes de agosto

Comunicado en relación a la habilitación de plazos y actuaciones procesales durante el mes de agosto
24/08/2020


Tal y como han puesto de manifiesto compañeras y compañeros en las últimas semanas, así como otros comunicados de algunos colegios de la abogacía, el ICASBD también quiere expresar su profundo disgusto y total rechazo a la situación generada raíz de la habilitación para plazos y actuaciones procesales de los días 11 a 31 de agosto de 2020. Este hecho, así como la utilización desproporcionada que se ha hecho patente por una considerable cantidad de órganos judiciales, desde LAJs, jueces y funcionariado adscrito, ha demostrado una carencia de solidaridad impropia de personas destinadas a gestionar las relaciones humanas en la aplicación del valor de la justicia.

Aquellos que toman decisiones o actúan sin entender que nuestra profesión no es un mero negocio mercantilista, no llegarán a comprender que el ejercicio profesional de la abogacía pide un mínimo periodo de descanso físico y mental, fruto de su exigencia intelectual, emocional, relacional y de control de señalamientos y plazos.

En el mismo sentido, la conciliación de la vida familiar y personal de la abogacía, ya de por sí, afectada por sus horarios y compromisos el resto del año, ha sido despreciada por las medidas que, de forma insensible, han sido adoptadas en una decisión exclusiva y errónea del Ministerio de Justicia del gobierno de España.

Y todo lo que no suma, resta

Así, ante esta situación de frustración del descanso y la conciliación familiar de la abogacía desde el día 11 de agosto, sería un buen momento para que nuestro colectivo se responsabilice de sus carencias y de sus legítimas reivindicaciones.

La respuesta tiene que venir después de una profunda reflexión sobre las condiciones en que se presta su trabajo y con qué calidad y en qué grado son coherentemente representados sus intereses como colectivo de diversa medida profesional y ante el resto de instituciones públicas (representantes políticos y resto de operadores jurídicos).

Añadir esfuerzos y plantearnos cambios sinceros mediante una ley de defensa de la abogacía es una urgente prioridad para erradicar lo que otros deciden por nosotros y cómo se comportan con nosotros.

Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell.





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