02/01/2023
En fecha 28/12/2022 ha sido publicado el Real decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que incluye entre otras muchas medidas las siguientes en materia de vivienda:
- La prórroga hasta 30 de junio de 2023 de la suspensión tanto de los lanzamientos arrendaticios como de los lanzamientos de personas sin título habilitante aprobadas por los artículos 1 y 1 bis del Real decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
- La prórroga de la posibilidad de solicitar una compensación por parte de los propietarios afectados por la suspensión de los lanzamientos como consecuencia de estas medidas. La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de julio de 2023.
- En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los cuales, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto ley y hasta el 30 de junio de 2023, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1, o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se podrá aplicar, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se continuarán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
En resumen, con estas medidas se establece un marco para que las familias vulnerables puedan disponer de un tiempo extraordinario para solucionar los temas relacionados con la vivienda, puesto que si bien ha mejorado la situación de pandemia, todavía se están sufriendo las consecuencias de todo este tiempo de crisis económica y social.
Andrea Pérez i Begoña Toro
Comisión de defensa de los derechos humanos